• La madre del niño cuenta con medidas precautorias que impiden al sujeto acercarse a ellos; personal de la escuela impidieron que se consumara la acción.
Acapulco, Gro.- Sin orden expresa de un juez y violando medidas precautorias concedidas a su víctima, un individuo en evidente estado de ebriedad y acompañado de elementos de la Policía Ministerial intentó este martes llevarse por la fuerza a su menor hijo de las instalaciones del Instituto México, ubicado en la colonia Progreso de este puerto.
Monserrat “N”, madre del niño y ex esposa de Hugo Alberto “N”, sedicente empleado de la Secretaría de Finanzas y Administración, señaló que no es la primera vez que esta persona intenta hacerlo, ya que en dos ocasiones anteriores se ha presentado a su domicilio a querer llevarse al menor, sin poderlo conseguir.
La afligida mujer relató que a raíz de constante violencia sufrida a manos de su ex pareja, ella decidió romper un acuerdo verbal de custodia compartida para proteger al pequeño, para lo cual procedió a demandar a Hugo Alberto por la vía penal por violencia familiar, a raíz de lo cual las autoridades le concedieron las medidas precautorias, por lo cual esa persona no puede ni debe acercársele a ella ni a sus familiares cercanos, incluido el niño.
Sin embargo, aprovechando sus influencias, ya que ostenta el cargo de supervisión de asistencia de la Sefina estatal, Hugo Alberto logró iniciar una carpeta de investigación contra su ex mujer, inventando el delito de sustracción de menores, con la complicidad del Ministerio Público sector Barrios Históricos, instancia que emitió un oficio de búsqueda y localización de persona, pese a saber que la supuesta acusada cuenta con medidas precautorias.
Sin embargo esta ocasión el sujeto sobrepasó los límites ya que por la fuerza se introdujo a la institución educativa donde asiste su hijo, en evidente estado de ebriedad y con el apoyo de agentes ministeriales pretendió llevárselo, lo cual fue impedido por el personal del plantel y por la propia madre que fue llamada en el acto.
Según se supo, la institución educativa interpondrá su propia demanda por los delitos que resulten ante el allanamiento de sus instalaciones, de lo cual existe evidencia en video y fotografías.
