--De igual forma, los integrantes de la Comisión aprobaron castigar el uso de drones para arrojar explosivos, sustancias químicas u otros objetos peligrosos.
Chilpancingo, Guerrero, 24 de marzo de 2024.- En sesión ordinaria, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guerrero aprobaron por unanimidad seis dictámenes de reforma al Código Penal estatal, con el objetivo de responder a problemáticas sociales apremiantes, garantizar la protección de los derechos humanos y actualizar el marco legal frente a nuevas formas de violencia y criminalidad.
El primer dictamen aprobado adiciona los artículos 224 Bis y 227 Bis al Código Penal del Estado de Guerrero número 499, con el propósito de tipificar y sancionar el delito de rapiña, una conducta que se ha presentado de manera reiterada en el estado tras el paso de fenómenos naturales como los huracanes Otis y John.
Esta iniciativa busca castigar a quienes, aprovechando situaciones de emergencia o desastres, se apropien de bienes ajenos mediante el saqueo. El nuevo tipo penal contempla agravantes cuando se cometan actos de rapiña en zonas afectadas por desastres naturales.
Como parte del tercer dictamen, se aprobó una proposición para exhortar al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero a informar, en un plazo no mayor a quince días, si existen personas pertenecientes a los pueblos indígenas o afromexicanos que hayan sido beneficiadas por la Ley de Amnistía. Esta medida permitirá a la Comisión de Justicia conocer la aplicación real de esta ley y evaluar si está cumpliendo su función de justicia social con perspectiva de derechos humanos.
El quinto dictamen aprobado incluye la adición del artículo 177 Bis, que tipifica como delito el matrimonio infantil forzado. Esta medida busca erradicar prácticas que atentan contra los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente en comunidades indígenas y afromexicanas donde esta problemática persiste. La reforma contempla sanciones de 5 a 15 años de prisión para quienes obliguen a menores a cohabitar en uniones forzadas, con penas agravadas si las víctimas pertenecen a pueblos originarios o comunidades afromexicanas.
Finalmente, el sexto dictamen incorpora un nuevo capítulo en el Código Penal —el Capítulo I Bis del Título XV— con los artículos 263 Bis, 263 Ter y 263 Quater, que sancionan el uso indebido de aeronaves no tripuladas (drones). Esta iniciativa establece tres vertientes: sancionar con hasta 20 años de prisión a quienes utilicen drones para arrojar explosivos, sustancias químicas u otros objetos peligrosos; castigar la importación o modificación de drones con fines ilícitos, como el transporte de armas o drogas; y penar con hasta 10 años de prisión el uso de drones para vigilar ilegalmente a servidores públicos o reportar su ubicación, lo que se conoce popularmente como “halconeo”. Las penas propuestas están armonizadas con el artículo 139 del Código Penal Federal.
Durante los asuntos generales, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Carlos Eduardo Bello Solano, reconoció el esfuerzo técnico y legislativo de las y los diputados, así como de sus equipos de trabajo. Señaló que la Comisión ha logrado avanzar de manera sustancial en la dictaminación de iniciativas, muchas de las cuales ya han sido aprobadas por el Pleno del Congreso.
Asimismo, se propuso la instalación de una mesa técnica para el análisis y fortalecimiento de la iniciativa de Ley de Identidad. El objetivo es construir un cuerpo normativo que garantice el respeto a los derechos fundamentales. La propuesta fue bien recibida por las y los legisladores, quienes coincidieron en la necesidad de coordinar fechas y convocatorias para avanzar en conjunto.
La sesión contó con la participación de los diputados Carlos Eduardo Bello Solano, presidente de la Comisión; Erika Lorena Cortés, secretaria; Luissana Ramos Pineda, Alejandro Bravo Abarca y Jorge Iván Ortega Jiménez, vocales.
